Bruselas plantea extender los tipos reducidos del IVA

Los países de la UE que lo deseen podrán aplicar de manera permanente un IVA reducido a una larga lista de bienes y servicios, según la propuesta aprobada ayer por la Comisión Europea. Los sectores más beneficiados podrían ser construcción y farmacia. Bruselas se rindió ayer ante la imposibilidad de armonizar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y ha decidido, en cambio, ampliar y convertir en permanentes la miríada de excepciones que ahora se aplican en los 27 países de la UE. 'Propongo generalizar la aplicación facultativa de tipos reducidos en aquellos sectores donde se ha demostrado que el riesgo de perturbación del mercado interior es mínimo', señaló el comisario europeo de Fiscalidad, Laszlo Kovacs, nada más aprobarse su proyecto de directiva. La nueva ley, que para entrar en vigor necesitará el visto bueno de los 27 ministros de Economía y Finanzas de la UE, permitirá a todos los Estados aplicar unas reducciones en el IVA que ahora sólo disfrutan algunos países en función de su tratado de adhesión a la UE. El cambio más significativo a nivel comunitario afecta al sector de la construcción, donde el IVA reducido estaba reservado hasta ahora para la vivienda de carácter social y para obras de reparación o rehabilitación. Bruselas propone suprimir esas categorías y extender la reducción del IVA a todas las actividades del sector. Para España, el cambio apenas tendrá impacto porque la construcción y reparación de vivienda ya se beneficia de un IVA del 7%. Aún así, algunos servicios ligados a esa actividad, como la limpieza de cristales y la de hogares (ahora en el 16%) podrían reducirse al 7% si el Gobierno lo considera adecuado. (Cinco Días, 08-07-2008)

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El Pacto de Inmigración es apoyado por la mayoría de la Unión Europea

Los 27 países de la Unión Europea reunidos ayer en Cannes apoyaron el Pacto de Inmigración presentado por Francia. Los ministros de Interior iniciaron así los debates para diseñar una política común que luche contra la inmigración ilegal y favorezca la integración de los inmigrantes regulares. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, pretende aprobar el Pacto en el Consejo Europeo del próximo octubre, durante su turno de presidencia de la UE. El texto debatido ayer pide a los Estados miembros que se limiten a las regularizaciones 'caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales y por motivos humanitarios y económicos'. Se enfatiza además la necesidad de poner en marcha políticas de integración que contemplen el equilibrio entre derechos del inmigrante, como el acceso a la educación o los servicios públicos, y los deberes, como el aprendizaje del idioma y el respeto a las leyes. A pesar de reconocer que Europa necesita inmigrantes para contrarrestar la baja natalidad y la falta de mano obra en ciertas industrias, el texto declara que la UE 'no tiene los recursos para recibir decentemente a todos los inmigrantes que esperan encontrar aquí una vida mejor'. (Cinco Días, 08-07-2008)

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Justicia estudia otorgar rango legal al Reglamento de Notarios

El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha explicado que el Ministerio de Justicia está examinando la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el control de legalidad de los notarios para "determinar cuál es la forma más correcta de otorgar rango legal a las previsiones que contenía el Reglamento del Notariado". Pérez ha asegurado en una entrevista publicada en la revista 'Escritura Pública' que el Estado "no puede dejar de exigir al notario el control de legalidad de lo que se hace en su presencia ni permitirle que se desentienda de ello mientras los ciudadanos le suponen un garante de la ley". La sentencia, dictada el pasado 20 de mayo, anuló total o parcialmente 23 artículos del Reglamento Notarial, aprobado por el Real Decreto 45/2007, por falta de cobertura legal al no tener rango de Ley. El Supremo estimó parcialmente el recurso presentado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y de Bienes Muebles de España contra el reglamento. El secretario de Estado de Justicia ha destacado la "urgencia" que requiere la regulación del Reglamento del Notario para que éste "siga siendo un funcionario público y no un particular que presta servicios en el tráfico jurídico". El fallo anuló los artículos 70 y 71 del Reglamento que daban potestad al notario para de poder comprobar, antes de firmar, si un documento para el que se pide su autorización se ajusta al ordenamiento jurídico. La Administración de Justicia mantendrá las antiguas competencias de los notarios para controlar la identidad, la capacidad de las partes y la suficiencia de los poderes de quien dice representar a otro con el fin de "evitar el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, la transmisión de fincas o terrenos urbanísticamente proscrita, entre otros", ha explicado Pérez. Por otro lado, el secretario de Estado ha anunciado que el Ministerio de Justicia está estudiando crear un "nuevo modelo" de Registro Civil que gestione todo vía Internet y que "este mismo verano" tendrán redactado su plan de desarrollo. "Una buena señal es el aumento de casi un 300% del presupuesto 2008-2009 para este fin", ha puntualizado. Justicia tiene previsto finalizar a principios de 2010 la interconexión de los registros civiles y la digitalización de los libros registrales hasta 1950, un plazo que Pérez considera que "se ha quedado corto" ante la demanda social y explicó deberían "adelantar los tiempos". Por último, Pérez ha explicado que durante esta legislatura Justicia impulsará "la implantación de un nuevo modelo de oficina judicial y la generalización del uso de la informática e Internet" a través de la Dirección General de Modernización de la Justicia. En esta línea, ha recalcado que el ministerio está implantando "con éxito" el sistema 'Lexnet' para la presentación de escritos y práctica de actos de comunicación que se completará con el nuevo sistema de gestión procesal, creado por la nueva Oficina Judicial bajo el nombre Minerva NOJ y otro para las Fiscalías. (Expansión, 08-07-2008)

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La Ley de Contratos Públicos abre la vía a la adjudicación discrecional de obras

La nueva norma permite al órgano de contratación un “diálogo competitivo” con los candidatos a la ejecución, lo que podría favorecer a uno de ellos. Además, no regula la urbanización, y podrían multiplicarse las obras inacabadas. La maquinaria de la nueva Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP) ha comenzado a engrasarse con lentitud. No en vano, la norma aglutina 309 artículos y decenas de disposiciones; un denso mar legislativo en el que no escasean las novedades. Mientras las empresas continúan asistiendo a cursos para aprender a adaptarse a ellas, los juristas han puesto la lupa sobre las innovaciones más conflictivas. La más criticada se refiere a la adjudicación de los contratos y a una nueva figura denominada “diálogo competitivo”, para contratos complejos. Éste es un procedimiento en el que “el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta”, señala el artículo 163 de la LCSP. Es decir, que las prestaciones no se encuentran completamente definidas desde el comienzo, sino que son progresivamente precisadas a través de un intercambio de información con los operadores económicos. “Esto, en la práctica, puede provocar una clara discrecionalidad por parte del órgano de contratación para la adjudicación”, señala Lucio Rivas, socio del bufete Urbe Asesores Jurídicos y técnico urbanista. La norma establece, además, que “los órganos de contratación podrán establecer primas o compensaciones para los participantes en el diálogo”. Acto seguido, la LCSP hace un llamamiento a la objetividad: “El órgano de contratación dará un trato igual a todos los licitadores y, en particular, no facilitará, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto”. En el día a día, esto es muy difícil de evitar, según los expertos consultados por este diario. De hecho, se seleccionará la oferta económicamente más ventajosa, pero tomando en consideración, “necesariamente, varios criterios”, sin que sea posible adjudicar el contrato únicamente basándose en el precio ofertado. Esto último abre aún más la puerta a la discrecionalidad, según las fuentes consultadas. Pero el “diálogo competitivo” no es la única crítica fundamental que le hacen a la LCSP. La nueva ley no ha regulado las obras de urbanización, que tienen una función pública y “esta vez sí, son de competencia estatal”, asegura Antonio Ñudi, socio de Urbe Asesores. A la ejecución de estas actuaciones puede concurrir el agente urbanizador, contratista ejecutor de la obra que puede ser la Administración o un particular –sea o no propietario del terreno– seleccionado en pública competencia. En la anterior norma de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) se exigía al contratista que acreditase su solvencia con clasificación (documento que conceden las administraciones) para obras superiores a 120.202 euros. La LCSP eleva la cuantía a 350.000 euros, “pero el agente urbanizador no tiene obligación de acreditar clasificación, con lo que puede urbanizar sin la solvencia necesaria, cuando las autovías, por ejemplo, se les conceden a los más fuertes, que tienen que estar registrados”. De hecho, los expertos temen un aluvión de contratistas que no puedan sostener el costoso importe de las obras de urbanización (que casi siempre supera los 350.000 euros). “Las garantías de lograr el fin perseguido (urbanizar) se ven seriamente mermadas, sobre todo ahora que desaparecen numerosas empresas que han sido adjudicatarias de grandes obras de urbanización que no podían ejecutar”, añade Ñudi. “Hubiera sido deseable que la LCSP recogiera una tipología de contrato para la actividad urbanística. Es una oportunidad perdida”, apostilla. (Expansión, 08-07-2008)

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Los impagos entre empresas han aumentado un 83% en el primer semestre

Los impagos entre empresas aumentaron un 83% en España en el primer semestre respecto a diciembre de 2007, mientras disminuyeron un 16% en el mercado exterior de exportaciones, según explicó ayer el autor del Manual de gestión de riesgo,Pere Brachfield, una obra fruto de la colaboración entre la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), el BBVA y la patronal catalana Pimec. Según Brachfield, todas las empresas, y no sólo las grandes, deben ser conscientes de la importancia de gestionar "adecuadamente" los créditos a clientes, que deben ser realizados a través de procedimientos que avalen la solvencia de pago de los deudores, ya que sino muchas pymes "se ven obligadas a otorgar prórrogas de pagos a sus compradores y están actuando como banqueros". El secretario general de Pimec, Antonio Cañete, destacó que la principal fuente de financiación de las pymes procede de fondos a corto plazo procedentes de entidades financieras. (La Vanguardia, 08-07-2008)

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